Nacional - Política
México, el Estado lucha por tener control: Debusmann
Por Bernd Debusmann
MEXICO DF (Reuters) - Una de las señales de que un país está en problemas es la aceptación generalizada de la inseguridad como una forma de vida, la norma antes que la excepción.
El siguiente diálogo escuchado en un elegante restaurante del histórico centro de la capital mexicana es un ejemplo:
"Me quitaron el coche a punta de pistola, después de que los ladrones me llevaron a un cajero automático y me obligaron a vaciar mi cuenta."
¿La respuesta?: "bueno, qué bien que no te pasó nada."
"Nada" se refiere al daño físico, y esta conversación, en diversas variantes, puede escucharse frecuentemente en la vasta Ciudad de México.
Igualmente se ven los reportes regionales de crímenes de otra naturaleza, mientras los cárteles de la droga se enfrentan entre sí y con el Gobierno en una guerra sin cuartel.
El saldo de víctimas es enorme: 2,795 muertes el año pasado, según cálculos de los medios locales. "Más de 2,500" según el Procurador General de México, Eduardo Medina Mora, quien ha admitido públicamente que en algunas partes del país la policía local trabaja para los barones de la droga.
En comparación, el año pasado murieron en Irak 762 soldados estadounidenses.
México es tanto un productor de drogas ilícitas como una nación de tránsito. Estados Unidos estima que alrededor de un 90 por ciento de la cocaína que se consume entra al país desde México, que también es la principal fuente de marihuana importada que consumen los estadounidenses.
El efecto corrosivo que causan los torrentes de dinero de la droga en las fuerzas policiales no es nada nuevo; buena parte de Latinoamérica lo sufre, así como la frontera entre Estados Unidos y México, pero en ocasiones se manifiesta de maneras sorprendentes.
En noviembre, unas 3,000 personas manifestaron ruidosamente contra de la presencia del Ejército mexicano en el norteño estado de Sinaloa, a donde el Gobierno del presidente Felipe Calderón envió a los soldados como parte de un operativo de 25,000 efectivos contra el tráfico de drogas.
La manifestación ocurrió en Culiacán, cuna del tristemente célebre cártel de Sinaloa. Parecía una enérgica manifestación pública de indignación en contra de los supuestos maltratos de los militares.
Pero según la versión del Ejército, la mayoría de los manifestantes recibieron entre 50 y 200 dólares del cártel de Sinaloa para acudir.
Los "manifestantes de alquiler" solían estar reservados a los partidos políticos, no a los capos de la droga. El Universal, uno de los principales diarios del país, describió a la manifestación de Culiacán como una pesadilla que se vuelve realidad.
"Cada vez son más las referencias a las formas en las que el narcotráfico pretende imponer su ley en la sociedad, la que, por desgracia, le responde favorablemente," dijo El Universal en un editorial a principios de enero. "Hay que detener esta tendencia," agregó.
El Gobierno ha convertido el combate al crimen organizado en una prioridad nacional, y Calderón ha convocado a los mexicanos a cerrar filas en contra del crimen. Grandes anuncios en la capital muestran los números para denunciar el crimen.
ECOS DE COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS 80
En una cumbre de funcionarios de seguridad en enero, el presidente mexicano dijo: "a la vista de la experiencia del primer año de Gobierno, puedo afirmar a ustedes, sin embargo, que sí es posible derrotar a la delincuencia, sí es posible recuperar los espacios públicos."
"Sí es posible limpiar nuestras ciudades de quienes a través del secuestro, el robo o la extorsión, tienen asolada a la población," añadió.
Posible, pero no fácil, y aún queda mucho camino por andar. Menos de una semana después de las palabras del presidente, sicarios mataron a tiros a tres policías en la fronteriza ciudad de Tijuana, junto con la esposa y la hija de uno de ellos, así como a un civil.
A mediados de enero, la cuenta ya llega a 105 víctimas fatales.
Lo que está ocurriendo en México recuerda a la Colombia de la década de 1980, cuando los cárteles de Medellín y Cali tenían más poder que el Gobierno en algunas zonas del país.
México no ha llegado a ese nivel. No existe manera de que el jefe de un cartel de la droga mexicano gane una banca en el parlamento, como lo hizo Pablo Escobar, del Cartel de Medellín, o presentarse a las elecciones al Senado, como hizo Carlos Lehder, del Cartel de Cali.
Pero hay algunos paralelismos. "La violencia que se genera en México alrededor del narcotráfico es comparable con la nuestra en los años 80," dijo el año pasado en una entrevista con Reuters el general Oscar Naranjo, jefe de la policía de Colombia.
"México está experimentando lo que uno puede llamar la segunda generación de narcotraficantes (...) que pretenden desarrollar control territorial de unas áreas, que pretenden asegurar el monopolio del tráfico," añadió.
SE TEME CONTAGIO TRANSFRONTERIZO
El éxito de Colombia en debilitar a los cárteles fue parcialmente logrado por su estrecha colaboración con Estados Unidos, que proveyó dinero e inteligencia. Pero la consecuencia no anticipada de ese resultado fue que buena parte del negocio antes manejado desde Colombia se mudó a México.
Ahora los traficantes de drogas mexicanos en la frontera están tratando de extender su cultura de corrupción al norte, apuntando a oficiales de la Patrulla Fronteriza y a militares que consideran presa fácil de sus ofertas de sobornos.
"En Estados Unidos, la región más vulnerable a la corrupción es la frontera con México, y particularmente la frontera de Arizona," dijo Paul Charlton, ex fiscal general de Arizona y actualmente socio de un bufete de abogados. "Las tentaciones son simplemente extraordinarias," agregó.
En los últimos años, investigadores han descubierto a decenas de funcionarios públicos estadounidenses que aceptaron sobornos para ayudar a introducir cargamentos de drogas o para mirar para otro lado.
El más reciente fue un oficial de prisiones de Arizona, que este mes fue sentenciado a 15 meses de prisión por aceptar dinero de personas que pensó que eran narcotraficantes.
Los "narcos" resultaron ser agentes del FBI, y el condenado fue uno de los 53 estadounidenses condenados en la operación "Lively Green" (Verde Vivo) que buscaba detener la corrupción en la frontera.
LLG
