Aberración patronal

* Acto de simulación, lacra sindical, así definen a los contratos de protección varios especialistas consultados por Proceso. Y advierten que este modelo laboral –mediante el cual los patrones firman contratos de trabajo con los sindicatos a espaldas de los empleados– está siendo exportado por México a varias naciones de Latinoamérica. Para frenarlo, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores puso en marcha ya una campaña en la que denuncia esas nocivas prácticas laborales que, afirma, amenazan con aniquilar el sindicalismo si éste no se autotransforma.       

MÉXICO, D.F.,   (proceso).- Desde hace varios años, además de emigrantes México exporta "contratos de protección" laboral a países latinoamericanos como Venezuela, Perú y Colombia, aseguró Víctor Báez, representante de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) al poner en marcha la Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección en la Ciudad de México. Y describió cómo se echa a andar este modelo laboral: basta con que un patrón y un sindicato firmen un contrato de trabajo a espaldas de los empleados para que éstos sean desplazados de sus lugares de trabajo sin previo aviso.

"Esto es inaceptable porque el sindicalismo de protección evita la participación de trabajadores", dijo Báez el 27 de marzo pasado, luego del foro de Global Unions y la Confederación Sindical Internacional sobre contratación de protección donde se evaluaron los casos de trabajadores de la maquila, de limpieza y de Wal-Mart, entre otros. Y agregó: "La ORIT no concibe al movimiento sindical de esa manera".

Por su parte, especialistas en asuntos laborales, como Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, los abogados laborales Arturo Alcalde Justiniani y Héctor Barba, así como Jorge Robles, uno de los coordinadores nacionales del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), definen a este mecanismo como "una lacra sindical".

Según ellos, en la década de los sesenta el Congreso del Trabajo (CT) consolidó al sindicalismo de protección al promover las relaciones contractuales entre patrones y sindicatos a espaldas de los trabajadores. Fue en ese período cuando se crearon "sindicatos fantasmas".

Arturo Alcalde asegura que tales sindicatos son resultado de un "acto de simulación" entre un patrón y un líder sindical. Ambos firman en secreto un contrato e imponen las condiciones de trabajo, con lo que evitan que los trabajadores se organicen de manera independiente. Ahora, dice el litigante laboral, "este tipo de contratos abarca alrededor de 90% de los existentes en el país y obviamente lleva consigo grandes beneficios económicos para el vendedor de la protección y para los abogados empresariales que los promueven".

A su vez, el representante del FAT sostiene que este fenómeno "nace en el momento en que la legislación sindical convierte a los sindicatos en marcas registradas y a sus secretarios generales en representantes jurídicos únicos".

Ahora casi todas las empresas optan por este tipo de contratación sindical. Lo mismo Wal-Mart, que Burger King, Domino's Pizza, Home Depot, Blockbuster México y Palacio de Hierro. También lo hacen la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), TV Azteca, el consorcio Sky, así como universidades privadas, entre ellas la Del Valle de México, la Marista y el Instituto Anglo Español, el diario Récord, la librería Sótano Coyoacán, asociaciones civiles y organizaciones filantrópicas como la Fundación Vamos México y Un Kilo de Ayuda…

Desmoronamiento sindical

En 2006, la ORIT tenía registrados 5 mil 408 sindicatos en el ámbito nacional, 250 menos que el año precedente. Por su parte, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) contabilizó solamente 422 sindicatos a lo largo del país entre el 1 de enero de 2006 y el 23 de marzo de 2007. En conjunto, estos últimos tienen la titularidad de 10 mil 549 contratos colectivos de trabajo –legales y de protección– para 336 mil 520 trabajadores cuyo salario promedio es de 116.33 pesos diarios.

Dos ejemplos ilustran este cambio radical sobre el modus operandi de las nuevas prácticas laborales: el del Sindicato Nacional Presidente Adolfo López Mateos de Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Escuelas Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana y el del Sindicato Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana.

El primero, dirigido por Roberto León Mendoza, pertenece a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y cuenta con la titularidad de mil 659 contratos, de los cuales 398 se afiliaron recientemente. Entre 2006 y lo que va de este año declaró ante la JLCA haber realizado mil 261 revisiones contractuales y dice representar a 32 mil 319 trabajadores.

Quienes negocian los contratos colectivos con el sindicato de León Mendoza son, entre otras, las fundaciones Vamos México y Teletón, además de Administración de Comidas Rápidas, S.A. de C.V. Burger King, Alazraki y Asociados Publicidad, Asesores de Franquicias Profesionales Domino's Pizza, Asociación de Productores y Escritores, S.C., Asociación Programa Lazos IAP, Asociación Home Depot, Asesores de Prensa y Comunicación y Blockbuster de México.

Otras empresas son: la CIRT, Palacio de Hierro, Comercializadora de Juegos Cadillac Jack de México, Consorcio Sky, las farmacias de Dios,  Compañía Productora de Comerciales para Televisión y Radio, Costco de México, Chévez, Ruiz, Zamarripa y Compañía, S.C., Distribuidora Comercial Jafra, Dersya Outsourcing, así como las editoriales Ovaciones, MacMillan de México, las farmacias París, Clínica Londres; la empresa encuestadora Gallup México, Gameplanet, IBM de México, Instituto Anglo Español, Televisión Continental; TV Consulting y Un Kilo de Ayuda, entre otros centenares.

Por su parte, el Sindicato Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana cuenta con 696 contratos, de los cuáles 119 son de reciente afiliación. Con frecuencia se menciona a Rubén Martínez Romo como el dirigente, a pesar de que el secretario general es Ramón Gámez Martínez, el zar de los contratos de protección. Gámez Martínez fue acusado a principios de 2006 de fomentar la contratación laboral a través de sindicatos blancos, así como de abusar de varias menores de edad. Actualmente se encuentra prófugo.

Según la JLCA, el sindicato "blanco" que dirige Gámez Martínez ha realizado 577 revisiones contractuales de 38 mil 420 trabajadores a los que supuestamente representa y que perciben un salario promedio de 144.79 pesos diarios.

Algunas de las empresas con las que este sindicato negocia contratos colectivos destacan: la Casa del Libro, Controladoras de Farmacias de Dios, el diario Récord; Editorial Planeta Grandes Publicaciones de México, Fuller Cosmetics, Gas Natural Servicios, Librería Sótano Coyoacán, Paden, S.A. de C.V., Mix Up, No Problem, Discolandia, Tower Records, Pharma Plus, Promotora Vuela Compañía de Aviación, Romanzzino, Shaw Manpower, TV Azteca, Unifar, así como las universidades Del Valle de México y la Marista.

Contra la simulación 

En entrevista, Víctor Báez sostiene que el sindicalismo de protección evita la participación de los trabajadores y promueve la flexibilización laboral que, dice, "no funciona como sistema económico ni hace crecer al país".

"Por eso echó a andar la campaña internacional para reformar el sindicalismo mexicano y evitar que otros países se contaminen de estas prácticas laborales", expresó el también miembro de la Federación Sindical Internacional (FSI), que representa a 170 millones de trabajadores en el mundo.

El año pasado, Tomás Natividad Sánchez, investigador de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) escribió un artículo titulado ¿Por qué se permiten jurídicamente los contratos de protección? En el libro Auges y perspectivas de los contratos de protección, donde considera a éstos como "un mal necesario para la subsistencia de las fuentes de trabajo".

Entre sus argumentos, Natividad Sánchez mencionó que en algunas zonas del norte del país es imposible trabajar este tipo de contratos y enumeró 14 puntos de la Ley Federal del Trabajo que permiten la existencia de los contratos de protección. Entre éstos destacó el derecho a la huelga y la libertad de coalición de los trabajadores.

Además, el investigador de la Coparmex escribió que algunos sindicatos viven de la extorsión a través de los emplazamientos a huelga por la firma de contratos. La huelga, agregó, es un derecho que podría calificarse de revolucionario porque la legislación autoriza el cierre de labores sin mayor requisito. Aunque cuestionable, este es un derecho protegido y hasta ahora se le considera intocable, pero puede llevar a la quiebra a una empresa.

"Lamentablemente debemos reconocer que es un mal menor contar con un sindicato de no aplicación –como creo adecuado llamarlos–, no para violar derechos sino para evitar que las empresas sin contratación colectiva estén siendo emplazadas a huelga por sindicatos que no representan a los trabajadores", decía Natividad Sánchez en su artículo.

Y remataba: "Para evitar este fenómeno sería necesario establecer soluciones a través de una adecuación a la legislación laboral. Si los términos de la legislación vigente dan lugar a los contratos de protección y el contrato de protección mismo es la solución, deben analizarse ambos aspectos".

Sin embargo, Víctor Báez discrepa: "El mundo sindical tiene que autorreformarse –dice– y por este proceso pasa la eliminación de los contratos de protección. Y digo más: ellos (los sindicatos blancos) lo que están defendiendo son sus propios intereses, porque lucran más con una mayor explotación de los trabajadores y trabajadoras".

La campaña

En México más del 90% de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal y la mayoría están depositados en el Distrito Federal.

Los abogados Alcalde y Barba y la investigadora Bensusán consideran que esta forma de contratación avala, en los hechos, la flexibilización laboral que pretende hacer el gobierno federal, desde el sexenio de Vicente Fox, al reformar la Ley Federal del Trabajo.

Al ponerse en marcha la campaña de la ORIT, el pasado 27 de marzo, se dieron a conocer los testimonios de dos trabajadores, uno de Operadora Wal-Mart de R.L. de C.V. Ambos relataron las condiciones de sobreexplotación laboral que padecen en sus centros de trabajo. Lo hicieron con el rostro cubierto con una bolsa de plástico por temor a represalias.

En la JLCA sólo aparecen registradas 88 tiendas Wal-Mart y 60 panaderías. Pero bajo la denominación Operadora Wal-Mart se contrata también al personal que labora en otras empresas como Superama y los restaurantes El Portón y Vips. La operadora contrata al personal para que labore en almacén, tienda o establecimiento.

El contrato colectivo de trabajo pertenece a dos sindicatos: el  Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de Supermercados, Centros Comerciales Similares y Conexos de la República Mexicana, que tiene la titularidad de 43 contratos de almacén y dos contratos de oficinas administrativas del consorcio. Su secretario general es Francisco Flores Monterrosas y el sindicato está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Además, otros 45 contratos de almacenes pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Pan y Similares del Distrito Federal, cuya secretaria general es Sandra Esther Lascano Montoya, quien dirige junto con su familia alrededor de 20 organizaciones sindicales en la capital del país.

A pesar de que son casi 90 contratos, en realidad todos cuentan con el mismo formato de contrato por tienda y sucursal, donde se establece un horario fijo, emolumentos de tres salarios mínimos como tope máximo y, en el caso de los panaderos, se permite que éstos trabajen a destajo, de acuerdo con la demanda del producto que elaboran.

En general, el contrato establece que los trabajadores quedarán a disposición de la empresa las 24 horas del día. Ésta puede modificar su día de descanso cuando lo deseen, incluso sin avisarles previamente. En estas condiciones, los empleados desconocen quién es su representante sindical, así como el monto de las cuotas que aportan.

Este esquema de simulación laboral está siendo exportado y se está convirtiendo en "uno de los principales instrumentos de los enfoques flexibilizadores de gobiernos y empleadores, ramificándose en todo tipo de empresas y sectores, con efectos funestos sobre la organización sindical y la negociación colectiva", dice Báez en la entrevista. Por eso, insiste, la ORIT inició su campaña internacional, apoyada por la Universidad Nacional Autónoma de México y las Federaciones Sindicales Internacionales (FIS).

Una de las acciones de la campaña de la ORIT es impulsar los resultados del foro de Global Unions y la Confederación Sindical Internacional del 27 de marzo pasado. Los organismos que promueven la campaña internacional contra los Contratos Colectivos de Protección en la Ciudad de México colaborarán en estrategias de denuncia de casos del sindicalismo mexicano ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y aprovecharán su participación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para defender la libertad sindical, toda vez que los contratos de protección constituyen una violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Así mismo, insistirán en que el gobierno mexicano ratifique los convenios 98 y 154 sobre los derechos laborales, y promoverán la declaración tripartita sobre empresas trasnacionales y la política social, aprobada hace 30 años por la OIT.

Otro de los aspectos que tienen en su agenda es fungir como facilitadores para que se firmen acuerdos marco globales con la OCDE y las empresas trasnacionales se comprometan a respetar los derechos laborales de sus empleados.

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