Senado pone límites a la cobranza en México

Tania Rosas / El Economista

El Senado de la República aprobó ponerle una barrera a la cobranza extrajudicial y con ello impedir que los despachos jurídicos contratados por las empresas de crédito, intimiden o exhiban públicamente a los deudores.

Los senadores se pronunciaron por multar hasta con 5,000 días de salario mínimo a las empresas de cobranza que infrinjan los ordenamientos.

El dictamen aprobado determina horarios de cobranza, prohíbe a las empresas enviar comunicaciones que aparenten ser notificaciones judiciales y cancela cualquier tipo de carteles y de anuncios que exhiban al deudor como tal.

Incluso le da la posibilidad al deudor de tener convenios con el acreedor, ya sea de servicios financieros o de servicios comerciales, para la reestructuración de la deuda.

La iniciativa presentada por el senador Jesús Casillas argumenta que entre las prácticas más comunes de los despachos jurídicos se encuentra el llamar por teléfono a los hogares en horarios inapropiados como la madrugada y los fines de semana o enviar cartas intimidatorias y amenazantes a los deudores.

Por ello se avaló que no se realicen "visitas ni llamadas telefónicas al domicilio del cliente entre las 23:00 y las 7:00 horas, de acuerdo a los usos horarios en que se encuentre el deudor".

Las modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros pretenden otorgar a los ciudadanos las garantías para que el cobro de sus deudas no lesione su dignidad, ni la tranquilidad de sus familias.

"De acuerdo con datos del denominado "Buro de Crédito" a la fecha existe un registro de 5 millones de deudores en mora, pudiendo ser mayor, toda vez que en la mayoría de las cobranzas no están vinculadas a un registro de mora ante el órgano en comento", precisa.

Argumenta que en los últimos años, derivado de la amplia gama y proliferación de productos crediticios, se ha incrementado el número de usuarios y por lo tanto el funcionamiento de los "despachos de cobranza", cuya función es gestionar el pago del adeudo de los usuarios de estos servicios que presenta algún atraso en sus cuentas.

Las modificaciones serán analizadas por la Cámara de Diputados.