Aurora Zepeda Rojas / Excelsior
CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) declaró fundada una queja por un spot de los partidos de izquierda que denigra y calumnia al PRI, al hablar de “miles de pruebas sobre el fraude electoral”, aunque votó como infundadas tres quejas más sobre el mismo anuncio.
Por lo anterior, sancionó a los tres partidos de izquierda con multas que suman un millón 482 mil 420 pesos, de los cuales el PRD pagará 560 mil 108 pesos; el Partido del Trabajo, 490 mil 544 pesos, y Movimiento Ciudadano, 431 mil 768 pesos.
Ante esta resolución, el PRD acusó al IFE de “encubrir” el lavado de dinero y su representante, Camerino Márquez, abandonó la sesión.
Adicionalmente, se declararon tres quejas infundadas por el mismo spot que fueron interpuestas por las empresas Monex y Soriana y por la periodista Carmen Aristegui.
El PRI acusó a los partidos de la coalición Movimiento Progresista de calumniar al partido y al triunfo de Enrique Peña Nieto con los anuncios que hablan del “fraude electoral” y muestran “miles de pruebas” al respecto.
“Hay una asidera jurídica suficientemente sólida para que este Consejo General modifique la propuesta que nos ha hecho la Secretaría Ejecutiva, propuesta que hizo con base en la resolución de la Comisión de Quejas y previo al resolutivo del Tribunal Electoral.
“Pero una vez teniendo un hecho jurídico emitido por la Sala Superior del Tribunal, posterior a la publicación y a la distribución de este proyecto de acuerdo, me parece que están los elementos jurídicos suficientes para declarar fundada esta queja y, segundo, para que la próxima Comisión de Quejas tengan un poco más de cuidado con el viejo debate de si hay o no hay imputaciones directas a delitos”, dijo Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE.
El miércoles pasado en sesión pública, el Tribunal Electoral ordenó la suspensión del spot por considerarlo denigratorio del PRI.
En su oportunidad, Leonardo Valdés Zurita, subrayó que con ese precedente debía reformarse el proyecto que declaraba infundada la queja y debía considerarse fundada para proceder a sancionar.
Camerino Márquez dijo, por su parte, no estar de acuerdo con los criterios del Tribunal porque tienen libertad para hacer uso de sus tiempos en radio y televisión.
Antes de abandonar el salón de sesiones, el perredista aseguró: “Lamentamos que el Consejo General esté en una actitud contraria al espíritu democratizador del país y de la transparencia, y esté encubriendo el lavado de dinero; me parece un retroceso.
“Serán los mexicanos quienes juzguen… de continuar así en el siguiente punto, adelanto que me retiro de esta mesa.”
Respecto de los casos Monex y Soriana, las quejas fueron aprobadas como infundadas por no contener materia, pues no se puede sancionar al PRD por el mismo delito de calumnia y denostación que ya habían sido declaradas en la queja del PRI.
Finalmente, por seis votos contra tres, los consejeros declararon infundada la queja de Carmen Aristegui, al considerar que el tema de la defensa de la utilización de la voz de la periodista en los anuncios “no compete a la autoridad electoral, sino al fuero civil”.
Consejeros desechan queja por presunta “propaganda encubierta"
Con ocho votos favorables y uno en contra, el Consejo General del IFE declaró infundada una queja presentada por el PRD contra Enrique Peña Nieto; la denuncia forma parte de los argumentos de la izquierda para solicitar la invalidez de la elección presidencial.
Los consejeros electorales dijeron no encontrar ilegalidad alguna en los contratos efectuados por el Estado de México, cuando era gobernador el priista, con una televisora, y una entrevista con una conocida periodista de espectáculos en radio.
El PRD acusó que el entonces gobernador contrató “propaganda encubierta” en la televisora y en otros medios, aduciendo “inequitatividad en los medios de comunicación” y, por lo tanto, solicitó al Tribunal Electoral no validar el triunfo de Peña Nieto.
Al presentar el caso, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, explicó que se proponía declarar infundada la queja porque “el proyecto no encuentra elementos para sancionar esa intervención, no sólo porque otros candidatos y precandidatos concurrieron a una diversidad de programas en radio y televisión, sino porque, además, los medios de comunicación tienen la libertad constitucional de seleccionar su programación y las noticias, hechos o personalidades que consideran noticiosamente relevantes”.
De la televisora agregó que existen “contratos con múltiples áreas de comunicación social y no sólo del gobierno del Estado de México, (y) muchas otras entidades federativas e incluso organismos autónomos, a través de los cuales se conviene dar a conocer informes anuales de labores, compromisos, infraestructura, programas de gobierno, etcétera. Esto no está prohibido por ninguna ley”.
Adicionalmente mencionó que el monitoreo de medios realizado por la UNAM corrobora una cobertura razonablemente equitativa en el tiempo destinado a cada actor, por emisora o entidad, “de la cual se arrojan los siguientes datos: 31% a Enrique Peña Nieto, 27% a Josefina Vázquez Mota, 26% a Andrés Manuel López Obrador y 16% a Gabriel Quadri”.
En la discusión, y al quedar claro que la mayoría de consejeros votarían por exonerar a Peña, Camerino Márquez, representante del PRD ante el Instituto, lamentó lo que consideró un retroceso, pues “las autoridades electorales sucumben ante los poderes fácticos.
“Finalmente nos queda la posibilidad de que sea la sociedad civil, los ciudadanos, los que puedan determinar y reivindicar el derecho a transformar esta situación que genera inequidad y que finalmente es ilegal, y que sea en el ámbito legislativo cuando se tenga que corregir. Nosotros confiamos en el órgano jurisdiccional y tendremos que agotar todas las instancias para concluir y demostrar todo este plan de favorecer desde las televisoras a Enrique Peña Nieto.”
El consejero Alfredo Figueroa votó en contra, al considerar “que, partiendo de los hechos denunciados, consistentes en la presunta difusión de propaganda y/o publicidad encubierta difundida como cobertura noticiosa, opiniones editoriales, comentarios en radio y televisión, la investigación debió incluir requerimientos de información a personas físicas y morales referidas en la queja”.
KC
