La Paz, (EFE).- El Gobierno de Evo Morales negó hoy que esté realizando una persecución política contra los miembros del Poder Judicial, en alusión al juicio de responsabilidades aprobado la semana pasada por la mayoría oficialista en el Congreso contra la magistrada de la Corte Suprema Rosario Canedo.
"No es que se quiera derrumbar al Poder Judicial, que se haga una persecución política. El Poder Judicial se ha derrumbado solo, por quienes han sido y son actores de ese poder, por estos hechos de corrupción, por haber favorecido a grupos de poder", dijo al canal estatal la ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado.
Rocabado ratificó que Canedo, quien cumple hoy su cuarto día en huelga de hambre contra la decisión del Congreso, cometió prevaricato, en un proceso seguido por el Banco Central de Bolivia (BCB) contra un banco en liquidación que se declaró en quiebra en la década de los noventa.
La ministra acusó a la magistrada suspendida de pretender "cubrir hechos dolosos" con un "aparente juego político para quedar en la impunidad" y de querer desprestigiar al presidente Evo Morales en plena etapa electoral.
"Cualquier organismo internacional que revise objetivamente los antecedentes (del caso) va a poder establecer la existencia del delito de prevaricato", sostuvo la ministra respecto al llamado de Canedo a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre lo ocurrido.
La magistrada se declaró en huelga de hambre la noche del jueves, al término de la sesión en la que la mayoría oficialista en el Parlamento aprobó la instalación del juicio de responsabilidades en su contra.
En respuesta a la medida, el diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Gustavo Torrico inició otra huelga de hambre el pasado viernes en contra de la magistrada y "en defensa del patrimonio del Estado".
La decisión del Congreso implica la suspensión automática de la magistrada, por lo que se había advertido que la Corte Suprema quedaría imposibilitada de convocar a sesiones de sala plena por falta de quórum.
No obstante, según Cecilia Rocabado, los espacios que quedan vacíos cuando alguno de los magistrados es suspendido por alguna razón son cubiertos por "conjueces" o suplentes de los ministros de la Corte.
"Estos suplentes han sido nombrados en enero de esta gestión y seguramente podrán mantenerse en sus funciones hasta que la sala plena de la Corte revoque su nombramiento", dijo.
El Poder Judicial boliviano está sumido en una honda crisis, pues en mayo pasado también fue suspendido el presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, acusado de retrasar el juicio por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y miembros de su Gobierno.
También ha cesado completamente el Tribunal Constitucional con la renuncia en junio de la magistrada Silvia Salame, quien era la única que continuaba en su cargo, después de sucesivas dimisiones.
La relación entre el Gobierno de Morales y el Poder Judicial es tensa pues el mandatario ha acusado varias veces a ese órgano de corrupción y a sus miembros de ser afines a los partidos opositores, críticas que los magistrados siempre han rechazado.
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