Madrid, (EFE).- Un juez español tomará declaración en febrero próximo a los catorce militares salvadoreños imputados en la causa en la que se investiga en España el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989 y a los que se acusa de los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
Según fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco prevé interrogar a doce de los catorce militares puesto que son los que ya han sido localizados y residen en El Salvador, mientras que de los otros dos se desconoce su paradero.
Las fuentes consultadas señalaron que si los imputados tuvieran problemas para viajar a España, el juez los interrogaría por medio de una videoconferencia.
El magistrado Velasco admitió a trámite en enero pasado una querella contra estos catorce militares presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).
El juez acordó no investigar al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, contra la que también se dirigía la querella.
Los hechos por los que se les imputa ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, también españoles, y el salvadoreño Joaquín López y López.
Junto a los religiosos murieron también la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de dieciséis años.
El próximo martes, en Madrid, comparecerá como testigo ante el juez Velasco la profesora de la Universidad de Stanford y especialista en temas suramericanos Terry Karl, y el jueves siguiente lo harán el juez y el fiscal que instruyeron el caso en El Salvador junto con algunos activistas.
El próximo día 30, el magistrado escuchará el testimonio de Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.
Por estos crímenes fueron enjuiciados en El Salvador en 1991 catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.
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