Bogotá, (EFE).- Varios expertos consideraron hoy en el Congreso Internacional sobre prevención de reclutamiento de menores, que se celebra en Bogotá, que la inversión social en zonas de conflicto armado puede frenar ese fenómeno que afecta a miles de niños y niñas en el mundo.
Algunos de los participantes en la inauguración, como el ugandés Awich Pollar y el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, así lo advirtieron e instaron a los Estados a incrementar esa inversión en las zonas afectadas.
Los también colombianos Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC, y Beatriz Linares, alto cargo de un programa oficial contra esa práctica, coincidieron en señalar que destinar más recursos en educación, en salud y en infraestructura mitiga el reclutamiento de niños para la guerra.
De igual manera, David Chocué, indígena de la etnia paez, que habita el departamento colombiano del Cauca (suroeste), reveló experiencias en su comunidad, en riesgo permanente por las partes involucradas en el conflicto, y sugirió estrategias para evitar que los aborígenes se alisten en algún grupo.
Según el vicepresidente Santos, el interés del Gobierno del mandatario colombiano, Álvaro Uribe, frente al fenómeno se concentra en políticas de prevención.
Santos admitió que "si hace 30 años hubiéramos atacado los problemas que nacían en las familias, nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza".
Gran parte de todo esto "tiene orígenes en situaciones familiares", subrayó Santos, quien urgió a los alcaldes y otras autoridades locales a que "tomen conciencia (...), identifiquen el problema (...), establezcan unas políticas públicas y destinen recursos para estos casos".
Pollar, miembro del Comité de los Derechos del Niño, tras relatar algunas experiencias como niño soldado en su Uganda natal, recordó que en 2006 fueron formuladas algunas recomendaciones a los Estados para prevenir el impacto de los conflictos armados en los menores.
El ex secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Luis Eladio Pérez también reclamó mayor inversión social en las zonas golpeadas por el conflicto armado y de las que, dijo, son en las que hay menor presencia estatal.
Pérez, rehén de las FARC entre 2001 y 2008, dijo que uno de los efectos "más graves del reclutamiento de menores es la pérdida de identidad".
En muchos casos, señaló, las niñas son utilizadas para trabajos forzados y también abusadas sexualmente.
"El caso de las mujeres es patético, son un objeto sexual. Una niña llega y el primero que cree tener derechos para mantener relaciones sexuales es el propio comandante del frente", y en el de los niños, añadió, "desde los 5 y los 7 años cargan un fusil más grande que ellos.
Pérez recordó también que en su cautiverio fue testigo del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, quienes eran llevados "como carne de cañón" a combates.
El Gobierno colombiano estableció que 3.800 casos de niños y niñas desvinculados de grupos armados ilegales y certificados como tales por el Comité para la Dejación de Armas, han sido remitidos a la Fiscalía "como víctimas del delito de reclutamiento ilícito", señaló Beatriz Linares.
La funcionaria, quien presentó en el congreso la "política intersectorial" colombiana para prevenir el reclutamiento, confía que esas investigaciones conduzcan a que los acusados (guerrilleros y paramilitares) reciban imputaciones ante jueces penales.
Linares indicó que se ha establecido que "el 80 por ciento de los niños en las filas irregulares ha ido voluntariamente a ellas, porque es, quizá, la única opción de vida" en sus regiones.
Añadió que, "también se ha establecido que un 80 por ciento de los menores que han abandonado esa vida, lo han hecho cansados del maltrato y la violencia".
El congreso sobre el reclutamiento, que concluye este jueves, fue organizado por la Vicepresidencia colombiana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las fundaciones Restrepo Barco y Alianza por la Niñez.
KFL
