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España reafirmará su compromiso con derechos humanos durante Presidencia UE

2009-11-04

Madrid, (EFE).- España se ha marcado como una de sus prioridades durante la Presidencia de la Unión Europea reafirmar el compromiso con los derechos humanos, dijo hoy la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.

La vicepresidenta le transmitió esta idea a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, con quien mantuvo una reunión con motivo de su visita oficial a España, según informó hoy el Ejecutivo español en un comunicado.

Fernández de la Vega trasladó a la representante de la ONU el deseo de España de contar con el apoyo de su oficina en la promoción y puesta en práctica de sus prioridades durante la Presidencia española de la Unión Europea.

Entre ellas destacan la consolidación del Consejo de Derechos Humanos y la lucha contra la pena de muerte, la promoción de políticas de acceso al agua potable y saneamiento, la igualdad de género, la lucha contra la tortura y contra la discriminación por orientación sexual.

Se da la circunstancia de que la Presidencia Española de la UE coincidirá con la presentación de la candidatura española al Consejo de Derechos Humanos (mayo 2010).

En este sentido, España aboga por un reforzamiento de los mecanismos actuales del Consejo, modificando su orientación actual, más política, por un enfoque más cívico y cercano a las necesidades de las víctimas.

La vicepresidenta comunicó a Pillay que España defenderá que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que prohíbe la pena de muerte, sea un referente para los países que aspiren a una futura incorporación a la Unión.

Le recordó que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó, en el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la apuesta de España por conseguir una moratoria universal de la penal de muerte en 2015, como paso previo a la abolición de este castigo.

España es actualmente el tercer país contribuyente de la Oficina de la Alta Comisionada, con una contribución de cerca de 8 millones de euros (unos 11.8 millones dólares) en 2009.



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La vicepresidenta le transmitió esta idea a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, con quien mantuvo una reunión.
 
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