Washington, (EFE).- Los abogados de John Allen Muhammad, el francotirador que sembró el pánico en Washington en 2002 con una ola de ataques en que murieron 10 personas, pidieron hoy al Tribunal Supremo que aplace su ejecución prevista para el martes próximo en el vecino estado de Virginia.
En documentos presentados ante el máximo tribunal, los abogados solicitaron que sus miembros consideren una denunciada ineptitud de los abogados que lo defendieron durante el juicio, así como errores "graves" de procedimiento.
Además, los abogados de Muhammad, de 50 años, también han pedido al gobernador de Virginia, Tim Kaine, que le otorgue su clemencia con el argumento de que es un retardado mental y que, por lo tanto, no debería ser ejecutado.
Muhammad fue condenado a muerte con una inyección letal por el asesinato de Dean Harol Meyers en una estación de servicio de Virginia durante una serie de ataques perpetrados en tres semanas que se extendieron al vecino estado de Maryland y el Distrito de Columbia, que alberga a Washington, la capital del país.
Durante los ataques Muhammad actuó con la complicidad del adolescente Lee Boyd Malvo, quien ha sido condenado a cadena perpetua.
De momento se desconoce cuál podría ser la reacción ante la solicitud de postergación de los miembros del Supremo.
El gobernador de Virginia anunció la semana que no intervendrá para impedir la ejecución de Muhammad.
"No veo razones en este caso que sugieran que pueda haber algún mérito en el reclamo de inocencia o que haya habido algún paso inapropiado de la fiscalía durante el proceso", señaló Kaine.
Desde que asumió su cargo en 2006, Kaine ha permitido nueve ejecuciones y ha conmutado una sentencia.
El mes pasado un tribunal federal de apelaciones denegó los argumentos de Muhammad en el sentido de que la fiscalía había rechazado pruebas importantes, y de que no se le debió permitir que fuese su propio abogado defensor durante una porción del juicio, porque padece una enfermedad mental.
Muhammad y Malvo son sospechosos por homicidios similares en otros estados, incluidos Luisiana y Alabama.
Kaine, quien es católico, se opone personalmente a la pena de muerte, pero habitualmente no interviene en los pedidos de clemencia hasta después de que los tribunales hayan agotado los pedidos del reo.
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