Denuncian incumplimiento sistemático del derecho a consulta de indios en Perú

Washington, (EFE).- El Gobierno de Perú viola de manera sistemática el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y carece de la voluntad política suficiente para aprobar una legislación interna que garantice su efectivo cumplimiento.

Esta circunstancia fue denunciada hoy por representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle (EU) en una audiencia del 137 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El "derecho a la consulta ha sido incumplido de manera sistemática. Se ha violado (...) en todo el país", sostuvieron Thomas Antkowiak, director de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales; Javier La Rosa, coordinador del área de Acceso a la Justicia del IDL, y Katya Salazar, directora ejecutiva del DPLF.

Perú ha suscrito el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales que establece que tienen que ser consultados de forma previa en los temas que les afectan.

El ministro peruano de Justicia, Aurelio Pastor, explicó que el Gobierno trabaja actualmente en una ley interna para establecer cómo aplicar el derecho a la consulta a nivel nacional.

Los peticionarios valoraron los esfuerzos del Gobierno del presidente Alan García por tratar este asunto y otros en las mesas de diálogo, pero insistieron en que "eso no es suficiente".

En su opinión, "no existe una voluntad estatal suficiente" para aprobar una legislación interna conforme a los estándares internacionales.

Existe una normativa dispersa que regula la participación y el proceso de diálogo, pero que ha sido configurada como si se tratara del derecho a la consulta cuando en la práctica no ha sido así y en la mayoría de los casos se ha aplicado con posterioridad a las intervenciones en los territorios de los indígenas, dijeron.

Los representantes de IDL, DPLF y de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle alegaron que la normativa interna es "insuficiente e inadecuada" y a la larga genera una serie de conflictos sociales, como el ocurrido en junio en Bagua, que se saldó con 33 muertos, de ellos 23 policías y 10 indígenas.

De hecho, argumentaron, el 40 por ciento de los conflictos sociales en Perú se originan por el incumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

La directora general de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas de Perú, Iris Cárdenas Pino, refutó estos argumentos y destacó que se llevan a cabo talleres, consultas y estudios del impacto medioambiental y social previos a implementar proyectos que afectan a los pueblos indígenas.

Esau Ríos Sherigorompi, presidente de la Central de Comunidades Nativas Machiguengas (Ceconama), y María Urquía, que representa a la organización Federación de Comunidades Nativas Yine Yami (Feconayy), apoyaron la versión del Gobierno y resaltaron que el diálogo es el camino que escogerán sus pueblos para fomentar el desarrollo social.

Los peticionarios solicitaron la creación de un mecanismo de concertación o de un grupo de trabajo integrado por representantes del Estado y de comunidades indígenas que funcione de forma permanente y no temporalmente como las mesas de diálogo.

Por último, reclamaron el "cese inmediato" del otorgamiento de concesiones para las explotaciones en territorios indígenas que se lleven a cabo sin que haya habido un proceso de consulta previo.