Internacional - Seguridad y Justicia
Cámara de Representantes de Estados Unidos reautoriza ley de vigilancia
WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes la reautorización y reforma de una herramienta clave de vigilancia del gobierno estadounidense tras un intenso debate sobre si el FBI debería tener restricciones para usar el programa para buscar datos de la ciudadanía.
La propuesta fue aprobada por ambos partidos con 273 votos a favor y 147 en contra, aunque ahora debe ser aprobada por el Senado para convertirse en ley. El programa expirará el 19 de abril si no es renovado por el Congreso.
La aprobación del proyecto de ley fue una muy necesaria victoria para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien ha batallado durante meses con los conservadores que critican la iniciativa de ley. Esta semana, un grupo de 19 republicanos se sublevó para impedir que el proyecto de ley se presentara ante el pleno de la cámara, lo que obligó a Johnson a hacer cambios para obtener su apoyo.
La legislación aprobada el viernes extendería el programa de vigilancia por dos años, en lugar de la autorización plena por cinco años propuesta originalmente. Johnson esperaba que la disminución del periodo agradara a los críticos republicanos al trasladar cualquier debate futuro a una eventual presidencia de Donald Trump, en caso de que vuelva a la Casa Blanca en noviembre.
Aun así, el proyecto de ley se tambaleó precariamente la mañana del viernes cuando los legisladores sometieron a votación una enmienda a la que Johnson, la Casa Blanca y partidarios de la legislación se oponían contundentemente, y que habría prohibido la vigilancia de los estadounidenses sin una orden judicial.
Una de sus principales críticas, la representante republicana Marjorie Taylor Greene, dijo que el voto de Johnson contra el requerimiento de una orden judicial fue otro golpe contra él.
“Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la presidenta (Nancy) Pelosi y el presidente Johnson? No hay ninguna”, dijo la legisladora de Georgia.
Finalmente, la enmienda fue desechada por el margen más estrecho, un empate 212 a 212. Los partidarios respiraron aliviados cuando la votación se dio por concluida.
La votación sobre la enmienda cruzó las líneas partidistas, uniendo a progresistas y conservadores que no estaban de acuerdo en mucho más, pero que desde hace tiempo se han mostrado escépticos de los poderes de vigilancia del gobierno.
Los opositores a la legislación no se dieron por vencidos. En un acto sorpresivo después de cerrar la votación sobre el proyecto de ley en general, un republicano presentó una moción de procedimiento que evita que la legislación sea enviada al Senado. Se requerirá una votación adicional la semana próxima.
La legislación aprobada el viernes le permitiría al gobierno estadounidense recabar, sin orden judicial, las comunicaciones de no ciudadanos en el exterior para recopilar información de inteligencia extranjera. La reautorización está vinculada a una serie de reformas que buscan satisfacer a quienes denunciaban que se estaban violando las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, los opositores de extrema derecha se han quejado de que esos cambios no son suficientes. Los abiertos detractores son algunos de los críticos más severos de Johnson, miembros del ultraconservador Freedom Caucus (o Bancada de la Libertad), que ha hecho campaña contra el presidente de la cámara baja en los últimos meses por negociar con los demócratas para realizar las funciones básicas del gobierno.
Para aplacar aún más a esos críticos, Johnson también planea presentar la próxima semana una propuesta separada que cerraría un vacío que permitiría que las autoridades estadounidenses obtengan datos sobre los estadounidenses de las empresas tecnológicas sin una orden judicial.
Aunque el programa técnicamente expira el viernes próximo, el gobierno de Biden ha dicho que espera que su autoridad para recabar información de inteligencia siga en operación al menos durante un año más, gracias a una opinión emitida a principios de este mes por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que recibe solicitudes de vigilancia. Pero las autoridades dicen que la aprobación del tribunal no debe sustituir la autorización del Congreso, en especial debido a que las empresas de comunicaciones podrían dejar de cooperar con el gobierno.
aranza
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