Desesperado

* La violencia creciente asociada a la guerra entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa tienen en jaque al gobierno de Nuevo León, cuyo mandatario, el priista Natividad González Parás, se encuentra sometido a una presión tal que se le ve desesperado: amenaza a la prensa, niega que sus funcionarios y jefes policiacos estén implicados en el narcotráfico, hace relaciones públicas, afianza contactos políticos, busca apoyo federal...

MONTERREY, N.L.,   (proceso).- Las numerosas balaceras ocurridas en esta ciudad, así como las ejecuciones de marzo pasado y los recientes recados intimidatorios de los sicarios de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, en los que amenazan de muerte a varios funcionarios regiomontanos, pusieron al borde de la crisis al gobierno de Natividad González Parás.

Los mensajes hallados en los cuerpos de las dos personas ejecutadas el 20 y el 21 de marzo no sólo iban dirigidos contra el cártel de Sinaloa, sino también contra funcionarios del gobierno y contra agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal y el propio titular de la dependencia, Luis Carlos Treviño Berchelman.

El primero, clavado con un picahielo en el cuerpo de la víctima, decía: "Procurador: No se haga pendejo, esto va a continuar hasta que dejen de proteger a la gente de Héctor Huerta, el Chapo Guzmán y al maricón de La Barbi. Especialmente tú Rogelio Cerda hasta que caigan todos tus hijos y también para la gente de la Chiva. P.D. Es sólo el inicio".

Al día siguiente apareció otro cuerpo con una advertencia más directa: "Mira pendejo –decía – con todo y escoltas se van a morir Rogelio Cerda junto con toda su familia y todos los funcionarios que estén contigo y el cártel de Sinaloa. P.D. Esto va a seguir hasta que entiendas".

El gobierno estatal reaccionó de inmediato. González Parás hizo varias visitas relámpago por separado al "Grupo de los 10", conformado por los empresarios regiomontanos más influyentes, para explicarles que ni el procurador Treviño Berchelman ni su secretario de Gobierno, Rogelio Cerda, estaban implicados en el narco. El mandatario también se reunió con alcaldes panistas de Monterrey y de la zona conurbada, con los que mantiene diferencias, y buscó incluso apoyo del gobierno federal. Además amenazó a los medios con aplicar sanciones de dos a seis años de prisión a quien informara sobre las investigaciones judiciales en curso relacionadas con hechos delictivos.

Tal fue su preocupación que el 22 de marzo no asistió a la cabalgata "Unidos por sus tradiciones", un evento que se realiza anualmente y en la en la que participan los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Prefirió asistir a la boda de Liliana Sada Melo, hija del empresario Federico Sada, para aprovechar la presencia de los representantes de la élite económica y pedirles su apoyo. A esa fiesta también asistieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox.

Días antes, el mandatario tuvo un encuentro con Javier Garza Calderón, de Grupo Domos, y buscó, sin éxito, un acercamiento con Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex.

González Parás fue criticado por diputados locales, sobre todo por los del PAN, quienes consideran que el Operativo Nuevo León no sirvió para detener la delincuencia organizada ni para que las autoridades estatales reactivaran el llamado Código Rojo, que involucra a las corporaciones de los tres niveles de gobierno destacamentadas en los municipios del área metropolitana para localizar vehículos sospechosos después de un hecho delictivo.

El diputado panista Jesús Hinojosa Tijerina, dos veces alcalde en períodos consecutivos –de 1992 a 1994 gobernó San Nicolás y de 1994 a 1997 lo hizo en Monterrey– asegura que la policía de la entidad está invadida por la corrupción.

El 29 de marzo, el mandatario se reunió con el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y con el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para acordar los términos de una estrategia coordinada contra la delincuencia. Para entonces la cifra de ejecuciones en el primer trimestre del año se elevaba a 44.

Días después, cuando los reporteros le preguntaron al procurador Treviño Berchelmann sobre las "narcoamenazas", el funcionario les respondió que el 30 de marzo, en una reunión con funcionarios federales, se creó un grupo trabajo para "intercambiar información que se traduzca en inteligencia y, en su momento, en acciones de tiros de precisión". Poco después de la declaración del procurador fueron localizados dos cadáveres; cada uno portaba un mensaje de muerte, esta vez dirigido a Los Zetas.

Proceso buscó una entrevista con Treviño Berchelmann. Hasta el viernes 13 el procurador no había atendido la petición.

En pos de la plaza

Hace poco más de una década, durante la gestión de Sócrates Rizzo (1991-1996), la violencia aún no cobraba la dimensión que ahora tiene, ni se hablaba de que el crimen organizado se hubiera infiltrado en la administración pública de Nuevo León.

Sin embargo, fue durante aquella época cuando tomó auge el cártel del Golfo en esta región del país (Proceso 1003), a pesar de la detención de su líder, Juan García Ábrego, en el municipio de Villa de Juárez el 14 de enero de 1996. Los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila eran Sócrates Rizzo, Manuel Cavazos Lerma y Rogelio Montemayor, respectivamente. Los tres pertenecían al llamado "sindicato de gobernadores" del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Tres días después del arresto de García Ábrego fue abatido el abogado Leopoldo del Real Ibáñez mientras departía con Fernando Garza Guzmán, entonces director de la Policía Judicial del Estado en el café Florián. Se trató de culpar a Sócrates, pero el mandatario fue absuelto por falta de pruebas, luego de varios interrogatorios. En esa ocasión fue procesado el entonces procurador David Cantú Díaz, acusado de participar en la venta ilegal de órdenes de liberación. Además, un mes antes de ser ejecutado, Del Real envió al presidente Ernesto Zedillo una carta en la que involucraba a Cantú con el narcotráfico.

Así mismo, el 21 de febrero de 1996 fueron arrestados el entonces coordinador de la Judicial del Estado, Mario Benavides Caballero, así como dos agentes y dos aduanales, implicados en el plan para ultimar a Del Real.

Mes y medio después Rizzo "solicitó licencia". Su sucesor, Benjamín Clariond Reyes, siempre negó que hubiera expedientes abiertos contra Sócrates. Sin embargo el comercio de estupefacientes, que había mantenido un perfil bajo en la entidad hasta el sexenio pasado, creció súbitamente y los cárteles del Golfo y de Sinaloa entraron en disputa por la plaza de Monterrey.

Así, a partir de 2003 la organización de Golfo y Los Zetas entraron a punta de bala a esta ciudad. Las ejecuciones que ocurren desde entonces son parte de los ajustes de cuentas y reacomodos entre las dos organizaciones que riñen por posicionarse entre su clientela.

En su columna Estrictamente personal del 19 de marzo pasado, Raymundo Riva Palacio escribió que el gobierno de González Parás "ha sido infiltrado en los más altos niveles, de acuerdo con un informe de la PGR, los cuales proveen protección e información a los cuatro cárteles que se disputan la plaza".

Según el columnista de El Universal, "existen cuatro ejes del narco en el estado, aunque tres de ellos se encuentran estrechamente vinculados. La guerra está enfrentando al cártel de Sinaloa, que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, con el cártel del Golfo, Los Zetas –que aunque es su brazo armado tiene altos rangos de autonomía– y la organización de los hermanos Valdez".

Intimidaciones y censura

Fuentes de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) consultadas por este semanario aseguran que el delegado Jaime Rodríguez Aguilar prohibió al personal de esta dependencia hacer declaraciones sobre las ejecuciones recientes, pues éstas son conducidas exclusivamente por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Además, el gobierno estatal promovió una reforma al artículo 334 bis del Código Penal de la entidad, aprobada el 13 de marzo pasado, que autoriza al gobierno sancionar "cualquier dato que permita su identificación pública (de un implicado), hecho o documento relativo a un proceso judicial en cualquier período que se encuentre y en el que se atribuya un hecho tipificado como delito".

Por eso, cuando la agente municipal de San Pedro Garza García, Diana Cortez Díaz, fue ejecutada a tiros el pasado 17 de marzo, nadie informó acerca del "narcomensaje" contra las autoridades estatales. El texto decía: "Las ejecuciones van a seguir hasta que dejen de proteger al Chapo Guzmán".

Diana era hermana de César Cortez, un agente ministerial del estado detenido el 16 de agosto de 2005 en un restaurante de Monterrey junto con 20 personas, entre ellos José Luis Carrizales Coronado, El Tubi, y Francisco Carlos Esquivel Maldonado, El Capi; todos ellos ligados al cártel de Sinaloa.

Las fuentes ministeriales consultadas aseguran que las últimas ejecuciones son parte de la guerra entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa, pero también advierten de un enfrentamiento entre miembros de una misma organización, así como una pugna soterrada entre los subgrupos que se disputan el narcomenudeo en la entidad.

No sólo eso. En cada uno de los frentes se han alineado miembros de los cuerpos de seguridad, algunos de ellos descubiertos en flagrancia, como en el caso de César Cortez.

En el momento más tenso de la violencia, el 27 de marzo, González Parás señaló que el problema del narcotráfico era "transitorio": "En uno o dos años vamos a superar este problema grave por el que estamos atravesando; los transitorios los vamos a superar en meses…".

Cuando fue ejecutado Marcelo Sada, las autoridades culparon a El Tubi, pero las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia estatal mencionan a Héctor Huerta Ríos, El Junior, integrante del cártel de Sinaloa, como presunto autor del homicidio. De hecho a él se le considera como el jefe de la plaza de Monterrey y es uno de los aludidos en las "narcoamenazas".

El Junior desapareció desde mediados de febrero de 2006, luego de un operativo en San Pedro Garza García, donde fue aprehendido su padre, Héctor Huerta Garza, uno de los operadores de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, hombre fuerte de la organización que dirige Joaquín El Chapo Guzmán. Al parecer, El Barbas tenía diferencias con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, considerado hasta hace poco el jefe de los sicarios del cártel de Sinaloa.

Los enfrentamientos intestinos en esa organización han aumentado tanto en el plano cupular como entre los subgrupos. Por ejemplo, es el caso de los hermanos Valdez, a quienes se vinculaba con La Barbie: el 30 de enero de 2006, Javier Valdez Martínez fue objeto de un atentado en pleno día en la transitada avenida Paseo de los Leones. Su esposa, Norma Rebollo, murió en el ataque. Leticia, hermana de los Valdez, amenazó en el lugar de los hechos y ante los medios de comunicación: "se van a saber muchas cosas".

En junio de 2006 fue detenido por acopio de armas de uso exclusivo del Ejército Jaime Valdez, exagente ministerial del estado, que a su vez parece desvinculado de su antiguo mecenas, Arturo Beltrán, El Barbas. A finales de marzo pasado Jaime, hermano de Javier, quedó en libertad. Actualmente los Valdez trabajan para el cártel del Golfo, mientras que Édgar Valdez redujo sus operaciones a la zona norte de Nuevo León, con poca influencia en su antigua plaza, Nuevo Laredo.

El 29 de marzo pasado, tras la ejecución del comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Milton Pacheco y su hijo, el subprocurador Aldo Fasci Zuazua ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que la violencia seguiría en Nuevo León.

"De acuerdo con la información que tenemos, existe la posibilidad de que haya otra andanada de violencia. Queremos hablar claro con nuestra población y que sepan que estaremos muy atentos, estaremos dando la lucha contra la delincuencia", declaró.

Y es que luego de la extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos el 19 de enero pasado y el debilitamiento de su hermano Antonio Ezquiel Tony Tormenta, los subgrupos del cártel del Golfo buscan recuperar posiciones en la región.

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